Los barbijos de la patria fumigada

A un año de la masiva Marcha Plurinacional de los Barbijos un grupo de organizaciones repitió la propuesta aunque ajustada a las prevenciones en el marco de la pandemia del Covid-19. Es que la disputa que pone de un lado a la vida de las comunidades y del otro a los agronegocios nunca paró. Un panorama en el que destaca, por sus logros, la importancia de la iniciativa colectiva.

Viernes 5 de junio por la mañana. Frío en Rosario. Movimiento en la calle, poco pero algo más que en las últimas semanas. Se nota que el aislamiento social preventivo y obligatorio va flexibilizándose en esta ciudad que no se vio muy afectada por la pandemia del Covid-19. En la plaza San Martín del centro rosarino unas veinte personas se reúnen con una bandera y un par de foto impresas en gran tamaño. Todas y todos tienen su barbijo. Como el año pasado, en el mismo lugar. Pero cómo, si el año pasado no había pandemia. Pero claro, si el año pasado Rosario fue la sede de la Marcha Plurinacional de los Barbijos. El 5 de junio de 2019, en esta misma plaza, miles de personas de todo el país se concentraron para marchar en el marco del Día Mundial del Ambiente. Los barbijos fueron la manera de representar a los pueblos y comunidades del país que viven bajo el envenenamiento que imponen los agronegocios y la megaminería. En esta ocasión, y de la mano con las medidas preventivas por la pandemia, la marcha tuvo su versión simbólica. Las imágenes que este grupo minúsculo llevó fueron las del fotógrafo Pablo Piovano en su ensayo “El costo humano de los agrotóxicos”. La bandera, con letras amarillas, decía: “La salud no se negocia”.

El comunicado de las organizaciones ambientalistas que programaron el evento fue claro en su mensaje: “El extractivismo no se toma cuarentena como sí lo hicimos millones de ciudadanxs. No la tomaron las fumigaciones con agrotóxicos, ni los 7000 camiones por día con transgénicos que entraron a Santa Fe, ni los incendios de las islas. No la ha tomado la megaminería, tampoco los diversos modos de producción basados también en el extractivismo, que afectan nuestra salud, debilitando el sistema inmunológico”. Una vez en la plaza cruzaron a la puerta de la sede de Gobernación, tomaron unas fotos, filmaron unos saludos y unos minutos después el movimiento se desconcentró.

Los colectivos ambientalistas de todo el país tienen claro que el objetivo de la organización no es solo registrar y denunciar los efectos que el uso de agrotóxicos genera en los seres humanos. Saben que nada termina en un reclamo y que el camino continúa hacia la concientización de que otro modelo productivo es posible. “Esta marcha va por la agroecología en la mayor parte del país. Creemos que debemos empezar a mudar de un sistema que es muy agresivo. Eso es un paso, ver otra forma de producción de alimentos”, dice Cecilia Bianco, integrante del Taller Ecologista en diálogo con Enredando. La mira también se dirige a otras prácticas, además de la agricultura, que dañan el medio ambiente. Como lo es la ganadería y el ejemplo claro que trae Bianco: la quema en las islas. “Se aprovechan, aunque sean superficies muy pequeñas, para asentar vacas. La ganadería en las islas es una práctica que tiene muchísimos años pero en la escala que se está haciendo ahora no se ha visto nunca”, explica Bianco. Y habla de los impactos: Rosario padece el humo, el olor y la niebla, pero hay muchísimas especies de aves que se espantan, huyen de su hábitat y sus condiciones de vida se ven perjudicadas.

En los últimos años se afianzó la comunicación y el encuentro de cientos de organizaciones de pueblos y ciudades de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos y otras provincias. Es que sus historias son tan parecidas que encuentran en sus puntos en común una herramienta para seguir y crecer como colectivos. La experiencia de una es el complemento de otra, y las voces de todas juntas es mucho más fuerte. La imagen fue clara en la marcha de 2019 que reunió en Rosario experiencias de todo el país. Hacia adentro de las organizaciones ese evento impactó mucho. Gustavo Ludueña, de la Asamblea de Pueblos Fumigados de la Ruta 18, cree que la conciencia social está en una avanzada imparable y que la marcha de 2019 favoreció mucho ese fenómeno. Así como también en los últimos meses el contexto de pandemia que puso a la población a preguntarse ciertas cosas: cuánto importa la salud, qué rápido se puede perder. “Nos damos cuenta que la salud y la tierra es lo único que tenemos y hay que cuidarlas. Por ese lado vemos que hay mucha gente que se da cuenta que va a haber un antes y un después”.

La Asamblea de la 18 tiene ese nombre por la ruta provincial 18 que une a Álvarez, Piñero, Villa Amelia, Coronel Domínguez y Alvear. Cinco pueblos que se organizaron por padecer la misma realidad y para enfrentarse a una misma problemática: el envenenamiento. “Es importante tejer estas redes y mostrar movilizaciones que fortalecen y conectan las distintas luchas”, dice Ludueña. Y de qué hablan cuando hablan de lucha. Por ejemplo de hacerse escuchar ante las autoridades, algo que hace tan solo unos años era imposible. Hoy nada es seguro, pero la experiencia ya les enseñó que se puede. Ludueña recuerda que en tiempos de campaña para las últimas elecciones el hoy gobernador de la provincia, Omar Perotti, entonces candidato, les prometió que los atendería. Si llegaba a gobernador, les dijo un día en la puerta de un canal de televisión, los iba a recibir. “No hemos tenido respuesta. Les enviamos notas pero no nos están recibiendo. Y en los pueblos las problemáticas se van agravando, porque la presión del poder económico y de los agronegocios es muy grande”, dice.

Hay algo de utópico en esto de intentar cambiar el funcionamiento de un sistema de producción que apunta a la concentración de riqueza de los empresarios por sobre cualquier otro interés. En el país del agronegocio y el extractivismo a sangre fría, como dice Ludueña, ya quedó claro que este modelo no saca a las personas de la pobreza. “Si no empezamos a ver que este modelo está generando cada vez más pobreza y aparte destruyendo el ambiente, si las autoridades dicen que la salud está primero que lo económico, que no sea solo para las cámaras y en una pandemia, sino para todas las demás problemáticas”.

¿Quién nos cuida de la pandemia del agronegocio?

La pregunta la hicieron más de cien organizaciones y referentes ambientalistas en un comunicado difundo a principios de abril pasado. “Mientras millones de argentinos y argentinas nos quedamos en nuestras casas para preservar nuestra salud ante la pandemia global de coronavirus, el agronegocio continúa regando nuestros territorios con agrotóxicos que comprometen la capacidad de nuestro organismo para hacer frente al virus”, dijeron en relación a que una de las pocas actividades esenciales exceptuadas al aislamiento en esa etapa de la pandemia era la producción agropecuaria.

Pero todo ocurre en un contexto: un país en el cual cada año se liberan alrededor de 500 millones de kilo/litros de agrotóxicos en una infinidad de fórmulas comerciales. A pesar de que sus principios activos, prohibidos en decenas de países del mundo, no sean controlados. A pesar de que se incumpla la Ley General del Ambiente N° 25.675.

Para estas organizaciones “el efecto inmunodepresivo de los agrotóxicos, científicamente demostrado, pone a la población en una situación de riesgo ante la pandemia actual”. Entonces, se preguntan: ¿Cómo puede soportar un virus agresivo una persona en tratamiento por cáncer con todas sus defensas destruidas?

¿Quién nos cuida de la pandemia del agronegocio?

La pregunta la hicieron más de cien organizaciones y referentes ambientalistas en un comunicado difundo a principios de abril pasado. “Mientras millones de argentinos y argentinas nos quedamos en nuestras casas para preservar nuestra salud ante la pandemia global de coronavirus, el agronegocio continúa regando nuestros territorios con agrotóxicos que comprometen la capacidad de nuestro organismo para hacer frente al virus”, dijeron en relación a que una de las pocas actividades esenciales exceptuadas al aislamiento en esa etapa de la pandemia era la producción agropecuaria.

Pero todo ocurre en un contexto: un país en el cual cada año se liberan alrededor de 500 millones de kilo/litros de agrotóxicos en una infinidad de fórmulas comerciales. A pesar de que sus principios activos, prohibidos en decenas de países del mundo, no sean controlados. A pesar de que se incumpla la Ley General del Ambiente N° 25.675.

Para estas organizaciones “el efecto inmunodepresivo de los agrotóxicos, científicamente demostrado, pone a la población en una situación de riesgo ante la pandemia actual”. Entonces, se preguntan: ¿Cómo puede soportar un virus agresivo una persona en tratamiento por cáncer con todas sus defensas destruidas?

En estos dos pueblos también se registraron aumentos en las malformaciones congénitas cada mil nacidos vivos. En Acebal en el período 1995-1999 fue de 9,7 cada 1000, mientras que en los cinco años transcurridos entre 2010 y 2014 la tasa aumento a 17,9 cada 1000. En Alcorta en cambio hubo un descenso marcado entre los 10,1 cada 1000 del período 1995-1999 con los 7,6 de 2010-2014.

Según datos oficiales en el año 2012 la tasa nacional anual de incidencia de cáncer fue de 217 cada 100 mil habitantes. “Para el mismo año, según las referencias de los vecinos entrevistados, la tasa de incidencia anual promedio de cáncer en las localidades donde se realizó el campamento sanitario es de 397,4/100 mil habitantes, es decir 1,83 más que el promedio nacional y 1,63 más alto que el máximo esperado para nuestro país”, explican Verzeñassi y Vallini en su informe.

El dato que contextualiza a esas cifras es el siguiente: el 75 por ciento del total de personas consultadas por los autores que habían identificado una fuente contaminante en su medio de vida, había mencionado a producciones vinculadas a la agroindustria bajo el modelo de los organismos genéticamente modificados. “Advertimos que más del 90 por ciento de las personas entrevistadas vivían a menos de 1000 metros de las zonas en las que se produce en base al paquete tecnológico agroindustrial mencionado”, describe el estudio.

En Argentina hay un conflicto muy grande y es que todo lo que en otros países se ha demostrado y ocasionado nuevas legislaciones y prohibiciones acá goza de un velo de protección. Los autores del estudio indican que desde hace 30 años universidades de todo el mundo confirmaron que los agrotóxicos que se aplican en esta región dañan la salud. Y lo peor es que dicho daño nunca empieza ni termina en una persona. “El daño que ocurre a nivel del ADN de las células de las personas en contacto directo o indirecto con agrotóxicos puede provocar diferentes efectos a largo plazo como tumores, infertilidad, que afectan no sólo a la generación actual sino a las futuras. Si imaginamos que la persona expuesta es una mujer gestante, los afectados son 3, la madre gestante, el feto y la descendencia de este feto, ya que algunas células que se afectan son las que después van a dar lugar a otro feto”.

Aun así hay 107 productos en Argentina autorizados por el SENASA, mientras que en otros países del mundo no fueron autorizados o incluso están prohibidos. De esos productos 36 son del grupo que la Organización Mundial de la Salud definió como Plaguicidas Altamente Peligrosos. Y, según explican los autores, si se le suma lo que la PAN Internacional (Pesticide Action Network) entiende por Altamente Peligroso, la cantidad de productos aumentaría a 73.

Las investigaciones de Verzeñassi y Vallini no solo ponen de manifiesto a las problemáticas de los pueblos rodeados por la agoindustria, sino que también evidencia la importancia de la investigación académica. Vale la pena la difusión y apropiación de este trabajo que en sus conclusiones advierte: “Mientras los responsables de tomar las decisiones, entre ellos los profesionales de salud, continúen eligiendo deliberadamente como fuente de información la producida por agencia de regulación aun cuando son de público conocimiento el fraude de las corporaciones en la presentación de trabajos falsos para la aprobación de productos, y peor aún los lazos de estas con las agencias de (des)Control, motivo de vergüenza pública internacional para la comunidad científica, seguirán legitimando un sistema de producción tecno-científica que sólo sirve a los intereses del poder económico, alejado del bien común y la salud de los pueblos”.

Suardi tiene a sus diez mil habitantes rodeados de pampa húmeda, llana y verde. También los tiene rodeados de riesgos. El miedo surgió a partir del crecimiento de casos de cáncer, que en sectores de la ciudad según pudo establecer un médico duplican la media nacional. Esos sectores son los que están rodeados de cerealeras que se impusieron con enormes silos como edificios de una ciudad que intenta conservar los rasgos armoniosos de pueblo. Por eso el 5 de junio de 2019 los Vecinos Autoconvocados de Suardi viajaron casi 400 kilómetros para sumarse a la Marcha Plurinacional de los Barbijos.

Los nombres son muy directos, no dan lugar a la duda. Villa Constitución Sin Venenos. ¿Algo está pasando ahí, no? Por ese motivo el grupo llegó desde la ciudad del sur provincial a aquella marcha masiva. Para contar que desde el 2017 se habían comenzado a organizar para frenar la llegada de la empresa estadounidense Nitron. La segunda firma comercializadora de fertilizantes en todo el mundo, entre las tres que más contaminan el planeta. La organización se plantó, hicieron acampes, fueron reprimidos, continuaron el acampe. La ciudad padeció aquel viejo dilema algo engañoso: Nitron contamina pero da trabajo. Lo que supone que no todos los habitantes rechazan a la empresa. Por eso desde hace dos años desde Villa Constitución Sin Venenos intentan lograr una consulta popular. El Concejo Municipal la reglamentó hace más de un año, pero todavía no se puso fecha.

Con la delicadeza que una maestra como ella puede despuntar con los años, Mariela Leiva contó aquel frío 5 de junio de 2019 cómo fue que ella y sus alumnos se intoxicaron en plena clase. Estaban en el aula de la escuela rural República Argentina de Colonia Santa Anita, provincia de Entre Ríos. Primero el ruido de la avioneta. Tan solo minutos después los mareos, la irritación en los ojos y nariz, la boca extraña, y los vómitos. Mariela conoció a la Asociación del Magisterio Entre Ríos y su campaña “Paren de fumigar las escuelas rurales”. Mediante esa lucha se logró el primer fallo judicial de todo el país que protegió a las escuelas rodeadas de cultivo.

Poquitos días después de aquella Marcha Plurinacional de los Barbijos murió Ana Zabaloy. Maestra de la escuela rural N° 11 de San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires. Fundadora de la Red de Docentes por la Vida. Fue tanta su exposición a la causa que terminó afectada por las condiciones insalubres en las que había vivido, contra las que había luchado y por las que finalmente iba a morir de cáncer.

Desde Córdoba había llegado el grupo “¡Córdoba Ciudad Despierta!”. Sus barbijos, sus banderas. Sus denuncias: la lucha contra la megaminería y la contaminación del medioambiente. Y todo lo que ella necesita para afianzarse: la usurpación de tierras, su entrega a las empresas extranjeras y la explotación de sus recursos naturales. Una vez que Córdoba despertó se unió a las luchas de Andalgalá en Catamarca, de Famatina en La Rioja. Así nació la “Unión de Asambleas Ciudadanas”, una muestra más de un camino naturalmente colectivo.

Sastre y Ortiz, centro oeste santafesino con apenas un poco más de 5 mil habitantes, está rodeado de cultivos. Hasta 2019 el límite para la fumigación era hasta 100 metros de las viviendas. Las vecinas y vecinos empezaron a relacionar con estas condiciones de vida a la aparición cada vez más frecuentes de casos de cáncer. La organización Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente, que aglutina las luchas de Sastre, María Juana y San Jorge, fue el punto de encuentro para la movilización de la ciudad. El campamento sanitario de la UNR, realizado en marzo de 2017, detectó que las enfermedades oncológicas eran un tercio más alta que la media nacional.

Las consecuencias de este panorama, tanto las enfermedades como la organización, logro que a principios de febrero de 2020 el juez Duilio Hail de Rafaela dictara una medida cautelar para aumentar el límite de uso de agroquímicos a 800 metros de las viviendas.

Sastre ya se había puesto en agenda por el caso de Zoe Giraudo, una niña bajo tratamiento oncológico cuyos padres emprendieron una disputa imposible. El Concejo de la ciudad había intentado una ordenanza que finalmente no pudo con la presión ejercida por los productores de la zona. Incluso, cuando el caso llegó a la Defensoría provincial, hubo productores que se notificaron como damnificados e impulsaron la caída de la medida cautelar que en ese entonces alcanzaba los 400 metros. Si bien finalmente se logró un avance, el caso graficó una disputa: de un lado la vida -no solo estadísticas, sino una niña con nombre, apellido y rostro- y del otro las empresas del agronegocio.

Estos casos son el ejemplo de cómo lo poco que se puede lograr es por la movilización de las comunidades. En la provincia de Santa Fe, por ejemplo, la ley N° 11273 de Productos Fitosanirarios rige desde 1995. Sin embargo fue varios años más tarde que empezaron a crearse normas para regular el uso de agrotóxicos. Un estudio de las ingenieras agrónomas y especialistas Liliana Bulacio, Susana Giuliani y María Gabriela Allegro explica: “Desde 2006 a esta parte, en coincidencia con los años del boom de la agricultura industrial basada en el uso intensivo de agroquímicos, unos ochenta municipios y comunas de los departamentos de la provincia de Santa Fe (sobre 97 que tienen ordenanzas) pusieron en práctica normas para reglamentar las fumigaciones y el uso de agroquímicos. Las medidas, son consecuencia directa de la creciente presión social en torno a las consecuencias sanitarias y ambientales del modelo agrícola pampeano”.

Otro logro de la presión y organización social. Si no hay movimiento las leyes, por más derecho que digan proteger y promover, quedan reducidas a un montón de textos. “Las leyes provinciales dan un marco general con los presupuestos mínimos que se debe cumplir con respecto al uso de los fitosanitarios en toda la provincia. Es de vital importancia las ordenanzas comunales o municipales porque ellas tienen en cuenta las situaciones particulares del tipo de producción de su comuna o municipio y pueden ser más estrictas que la ley. Dichas ordenanzas deberían ser consensuadas por los principales actores involucrados en el manejo de fitosanitarios y así lograr un equilibrio social entre la población rural y urbana”, sugieren las autores en su informe.

Fuente: Enredando

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